La primera industria de España es el turismo, destacando además por su capacidad para atraer divisas y para contribuir a la construcción de la marca España. Por ello no resulta extraño que se hayan habilitado una serie de programas de ayudas al sector, entre los que nos gustaría destacar el programa Emprendetur Jóvenes Emprendedores.
En este sentido, conviene no confundir estas ayudas, destinadas específicamente a los jovenes, con otras subprogramas de apoyo al sector con los que comparten denominación como las lineas ICO Emprendetur o Emprendetur I+D+i.
Aquí estamos hablando de una partida de 20 millones de euros que el Gobierno acaba de habilitar, y que se articulará a través de prestamos que no superen el millón de euros, con 5 años de plazo (2 de carencia y tres de amortización), al 5,05% de interés.Pero esto no es lo más destacable.
Lo más interesante es que se trata de préstamos que no precisan ningún tipo de garantía para la concesión de este préstamo, es decir son préstamos reintegrables, obviamente, de los que responde la empresa solicitante, pero no se exigen garantías adicionales personales ni hipotecarias. ¿Por qué? Para entenderlo tenemos que saber qué y a quién se financia.
Se financian proyectos turísticos innovadores, que contribuyan a la desestacionalización, a la corresponsabilidad público privado, al posicionamiento internacional, al reforzamiento de la marca España, etc. Y todo ello debe hacerse a través de una serie de lineas de I+D+i que se priorizan en el anexo de las bases de la convocatoria.
¿Y a quién se financia? Bien a personas físicas con menos de 40 años de edad, bien pymes bajo forma societaria en la que la media de edad de sus socios sea inferior a dicha cifra, constituida hace menos de 24 meses.
Es decir, en el fondo se asemeja mucho más a una subvención clásica que a un préstamo, ya que pesan mucho factores cualititativos, superando incluso a los estrictamente financieros o de solvencia. De hecho, las solicitudes han de tramitarse ante el propio Ministerio, frente a los prestamos ICO tradicionales en los que la entidad bancaria asume concesión y riesgo de la operación. Aquí, quién decide y formaliza el préstamo es la propia Administración Pública.