Los efectos de la Ley contra la Morosidad en los plazos de pago de los proveedores

El 5 de julio de 2010 el Gobierno aprobaba la Ley 15/2010, la Ley de Morosidad, mediante la cual se pretendía paliar los efectos de la crisis económica. Las pequeñas y medianas empresas, cuyo funcionamiento depende en gran parte de la disponibilidad de crédito a corto plazo, se convirtieron en uno de las principales víctimas de la crisis económica actual. Los continuos retrasos e impagos de facturas llevaron a muchos al cierre por la imposibilidad de hacer frente a sus problemas de tesorería.

La Ley va dirigida a cualquier persona física o jurídica que actúe en el ejercicio de su actividad económica. Pero también tiene como objetivo a la Administración Pública, situada a la cabeza de los incumplidores de los plazos de pago con retrasos que acumulan meses e incluso años. Por lo tanto, quedan excluidas de este ámbito las operaciones comerciales en las que intervengan consumidores.

Plazos de pago

Los plazos de pago que debe cumplir el deudor son:de 60 días desde la fecha de recepción de mercancías o de prestación de servicios (este plazo no podrá ampliarse por acuerdo entre las partes); los proveedores harán llegar la factura al cliente antes de 30 días de prestado el servicio o recibidas las mercancías. La recepción por vía electrónica tendrá los mismos efectos. Si se realizan distintas entregas, podrán agruparse en una sola factura que resuma periodos no superiores a 15 días. En este caso, el cómputo del plazo será a partir de la fecha que corresponda a la mitad del periodo que se resume.

Si el deudor incurre en mora, deberá abonar una indemnización por los costes de cobro que será como máximo del 15% del importe de la deuda, en caso de que esta supere los 30.000 euros. Si no los supera, la misma cuantía será el límite.

El texto establece un periodo transitorio desde su publicación hasta el 2013 a lo largo del cual los plazos máximos se van reduciendo hasta llegar al fijado en la ley. En 2010 y 2011 el pago a proveedores deberá efectuarse en 85 días, 75 días en el 2012 y 60 en el 2013. No se incluyen en estos tramos las empresas del sector de la alimentación y los productos perecederos que deberán pagar en 30 días en todos los casos.

Las Administracion pública tendrá que abonar las facturas dentro de los 30 días siguientes a la fecha de emisión. La demora dará derecho al acreedor a percibir una indemnización e intereses de demora, igual que ocurre con el resto de operaciones comerciales. En las administraciones públicas se irá rebajando el plazo de pago a 50 días en 2010 y 2011, 45 días en 2012 y 30 días en 2013.

Las constructoras de obra pública tendrán, también, unos plazos distintos para rebajar el periodo de pago de facturas a sus subcontratistas y proveedores, que ahora mismo es superior a los cien días y podrán pagar en 120 días hasta el 31 de diciembre de 2011, durante el 2012 tendrán un periodo máximo de 90 días y, quedará establecido en 60 días en el 2013.

Las empresas tendrán la obligación de informar en su memoria de cuentas anuales sobre los plazos en los que abonan las facturas a sus proveedores. Lo mismo harán las administracíones públicas establecerán su propio sistema de información trimestral sobre el cumplimiento de los plazos.

Ver los comentarios

Aún no hay respuestas

Deja un comentrio